Las concursadas obtienen certificados indebidos
Los ayuntamientos tiran la casa por la ventana
Las empresas están usando de forma abusiva la llamada cláusula de Especial Importancia para la Economía, regulada en el artículo 100.1 de la Ley Concursal, según ha denunciado Ángel Rojo, catedrático de DerechoMercantil.
"Cualquier concejal de cualquier ayuntamiento puede certificar que una empresa es de especial importancia para la economía de su beneficio para superar los límites establecidos por la Ley para la propuesta de convenio". Por ello, abogó por cambiar el texto en la reforma de la Ley Concursal, afirmó Rojo durante su intervención en una Jornada organizada, por el Ministerio de Justicia, la Universidad San Pablo-CEU y la firma de abogados mercantiles Pluta Gmbh.
Los concursados buscan con ello sobrepasar en las proposiciones de quita de créditos ordinarios, la limitación de no superar la mitad del importe de cada uno de ellos, y los cinco años establecidos como plazo máximo a partir de la firmeza de la resolución judicial para que se apruebe el convenio.
Esta cláusula se incluyó en 2009 con la reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, y en ella se dice que en el concurso de empresas cuya actividad pueda tener especial trascendencia para la economía, siempre que lo contemple el plan de viabilidad que se presente, el juez podrá, a solicitud de parte y con carácter extraordinario, autorizar la superación de esos límites.
Los cambios
La solución pasa por redactar en la futura ley una definición clara y concisa del ámbito para el que se considera que debe ser de especial importancia para la economía, que en los primeros pasos de la reforma legislativa de 2009 era el nacional y no elmunicipal.
Rojo abogó por reducir las autorizaciones emitidas por los jueces, dotar demayores facultades a los administradores concursales y establecer procedimientos extrajudiciales, para que el deudor negocie con los bancos que no haya ejecuciones en un en un tiempo para negociar el convenio.
Finalmente, Rojo propuso que se resuelvan los actuales problemas con las garantías solidarias y con los actos rescisorios. En el primer caso en las dominantes existe un pasivo indirecto, que es consecuencia de las garantías concedidas a las sociedades del grupo y éstas no deberían entrar en concurso. En el segundo, debería poder rescindirse cada operación de crédito entre dominante y dominada y no hacerlo, como ahora, acto por acto
martes, 8 de junio de 2010
lunes, 7 de junio de 2010
Marina d'Or solicita a la banca créditos por 60 millones para sortear el concurso
Marina d'Or solicita a la banca créditos por 60 millones para sortear el concurso
Marina D'Or tiene que refinanciar su deuda
Amenaza tormenta en la Ciudad de Vacaciones. Marina d'Or recorre actualmente las entidades financieras con el objetivo de lograr unos 60 millones que den un poco de oxígeno al grupo. Según aseguran fuentes financieras, necesita ese dinero para sobrevivir y si no se iría a concurso de acreedores.
Y el problema es más gordo todavía si se pregunta a esas entidades hacia qué lado inclinan su balanza. La gran mayoría no tiene en mente realizar el esfuerzo que necesita el grupo turístico, aseguran las mismas fuentes.
Consideran que dar apoyo financiero a un proyecto que se encuentra en núcleos urbanos es una cosa, y otra, ayudar a un claro ejemplo de la burbuja inmobiliaria situado en una playa en la que además, el grupo ha dado marcha atrás en la construcción de algunos de sus edificios en Torre la Sal, un pueblo de pescadores en Cabanes (Castellón).
Deuda de 798 millones
Según las últimas cuentas consolidadas que presentó la compañía, del ejercicio 2008, la deuda total del grupo asciende a 798 millones y en el año 2010 tendría que hacer frente a un pago de 38,39 millones. Esta cuota aumenta sucesivamente en los siguientes años. En 2011 la deuda a abonar sería de 51,5 millones; en 2012 alcanzaría los 64,6 millones; al año siguiente superaría los 79 millones y, a partir de 2014 harían frente a los 492,8 millones restantes hasta cubrir la deuda total (ver gráfico).
Marina d'Or reconoce que está buscando financiación, pero explica que la cifra de 60 millones "no es definitiva, ya que estamos valorando distintas posibilidades con diversos grupos inversores y entidades financieras". Por otro lado, asegura que el dinero no es "para su subsistencia, sino para poner en marcha nuevos negocios y propuestas que nos permitan superar este largo periodo de crisis de la mejor manera posible". Además, explica que "el grupo lleva tiempo adecuando su dimensión y sus gastos a la actual situación económica y abriendo mercados y sectores donde hay posibilidades". Este sería el caso, por ejemplo, de las nuevas empresas que ha constituido para explorar el sector de las energías renovables.
Por otro lado, el grupo turístico manifiesta que está muy ilusionado en comenzar el proyecto de Marina d'Or Golf, pero advierte que "si bien en el periodo de bonanza la empresa era capaz por sí misma de generar la cantidad de dinero necesaria para ese macro proyecto con sus propios recursos, la actual coyuntura nos obliga a buscar financiación".
Futuro incierto
Pero, a pesar de las buenas intenciones, lo cierto es que la compañía tiene un futuro difícil por delante. Deloitte, el auditor de las cuentas del grupo, ya advirtió que su futuro depende de que haya un acuerdo de refinanciación.
Además, apunta en sus conclusiones la necesidad de liquidez al explicar que "en esta situación, la capacidad del grupo para realizar sus activos dependerá del éxito del plan de negocio establecido, de las operaciones futuras y del mantenimiento del apoyo financiero necesario".
En caso de un fatal desenlace de todo el proceso, las entidades que se verían más comprometidas serían, en primer lugar, el Banco Popular, al que el grupo adeuda unos 200 millones; el Pastor, que soporta unos 80 millones; Caja Madrid, con 65 millones; Bancaja, cuya exposición está cerca de 60 millones; el Sabadell con 50 millones; y el Santander, BBVA y La Caixa, con menos de 80 millones. Además, en la deuda se encuentran otros 20 bancos y cajas con importes inferiores.
La esperanza
No obstante, la refinanciación que Marina d'Or logró a principios de 2009 da esperanzas al grupo turístico. Durante el primer semestre del pasado ejercicio la compañía que preside Jesús Ger formalizó ya una operación de este tipo 116,6 millones. A 31 de diciembre de 2008, el endeudamiento bancario total ascendía a 798 millones.
Marina d'Or se defiende y destaca que, al margen de la deuda, su situación financiera es saludable, entre otras razones porque "contamos con activos libres de toda carga por 2.700 millones".
Marina D'Or tiene que refinanciar su deuda
Amenaza tormenta en la Ciudad de Vacaciones. Marina d'Or recorre actualmente las entidades financieras con el objetivo de lograr unos 60 millones que den un poco de oxígeno al grupo. Según aseguran fuentes financieras, necesita ese dinero para sobrevivir y si no se iría a concurso de acreedores.
Y el problema es más gordo todavía si se pregunta a esas entidades hacia qué lado inclinan su balanza. La gran mayoría no tiene en mente realizar el esfuerzo que necesita el grupo turístico, aseguran las mismas fuentes.
Consideran que dar apoyo financiero a un proyecto que se encuentra en núcleos urbanos es una cosa, y otra, ayudar a un claro ejemplo de la burbuja inmobiliaria situado en una playa en la que además, el grupo ha dado marcha atrás en la construcción de algunos de sus edificios en Torre la Sal, un pueblo de pescadores en Cabanes (Castellón).
Deuda de 798 millones
Según las últimas cuentas consolidadas que presentó la compañía, del ejercicio 2008, la deuda total del grupo asciende a 798 millones y en el año 2010 tendría que hacer frente a un pago de 38,39 millones. Esta cuota aumenta sucesivamente en los siguientes años. En 2011 la deuda a abonar sería de 51,5 millones; en 2012 alcanzaría los 64,6 millones; al año siguiente superaría los 79 millones y, a partir de 2014 harían frente a los 492,8 millones restantes hasta cubrir la deuda total (ver gráfico).
Marina d'Or reconoce que está buscando financiación, pero explica que la cifra de 60 millones "no es definitiva, ya que estamos valorando distintas posibilidades con diversos grupos inversores y entidades financieras". Por otro lado, asegura que el dinero no es "para su subsistencia, sino para poner en marcha nuevos negocios y propuestas que nos permitan superar este largo periodo de crisis de la mejor manera posible". Además, explica que "el grupo lleva tiempo adecuando su dimensión y sus gastos a la actual situación económica y abriendo mercados y sectores donde hay posibilidades". Este sería el caso, por ejemplo, de las nuevas empresas que ha constituido para explorar el sector de las energías renovables.
Por otro lado, el grupo turístico manifiesta que está muy ilusionado en comenzar el proyecto de Marina d'Or Golf, pero advierte que "si bien en el periodo de bonanza la empresa era capaz por sí misma de generar la cantidad de dinero necesaria para ese macro proyecto con sus propios recursos, la actual coyuntura nos obliga a buscar financiación".
Futuro incierto
Pero, a pesar de las buenas intenciones, lo cierto es que la compañía tiene un futuro difícil por delante. Deloitte, el auditor de las cuentas del grupo, ya advirtió que su futuro depende de que haya un acuerdo de refinanciación.
Además, apunta en sus conclusiones la necesidad de liquidez al explicar que "en esta situación, la capacidad del grupo para realizar sus activos dependerá del éxito del plan de negocio establecido, de las operaciones futuras y del mantenimiento del apoyo financiero necesario".
En caso de un fatal desenlace de todo el proceso, las entidades que se verían más comprometidas serían, en primer lugar, el Banco Popular, al que el grupo adeuda unos 200 millones; el Pastor, que soporta unos 80 millones; Caja Madrid, con 65 millones; Bancaja, cuya exposición está cerca de 60 millones; el Sabadell con 50 millones; y el Santander, BBVA y La Caixa, con menos de 80 millones. Además, en la deuda se encuentran otros 20 bancos y cajas con importes inferiores.
La esperanza
No obstante, la refinanciación que Marina d'Or logró a principios de 2009 da esperanzas al grupo turístico. Durante el primer semestre del pasado ejercicio la compañía que preside Jesús Ger formalizó ya una operación de este tipo 116,6 millones. A 31 de diciembre de 2008, el endeudamiento bancario total ascendía a 798 millones.
Marina d'Or se defiende y destaca que, al margen de la deuda, su situación financiera es saludable, entre otras razones porque "contamos con activos libres de toda carga por 2.700 millones".
Siguen los Concursos
Son los efectos del tsunami de la crisis financiera que golpea a España. En el último año, más de 5.800 empresas se han declarado en concurso de acreedores, el doble que en 2008. Y la cifra, lejos de remitir, puede dispararse aún más en los próximos meses.
Según los expertos, son muchas sociedades las que hace uno o dos años tuvieron que renegociar al límite su deuda con la banca para evitar el concurso, y que ahora, lejos de superar las estrecheces y con los brotes verdes cada vez más secos, se ven abocadas de nuevo a suspender el pago a sus acreedores.
La construcción y el mercado inmobiliario siguen siendo las estrellas concursales -representan el 34% de todos los procesos incoados en el último ejercicio-, aunque la crisis ha comenzado a atacar ya con fuerza a otros sectores distintos, como la industria pesada, la automoción o incluso la distribución alimentaria y textil.
Las estafas se disparan
Con cada vez mayor número de empresas al borde de la ruina, es ahora además cuando aparece un segundo problema aún más grave si cabe: el de los fraudes. Para desgracia de los acreedores, son casos cada vez más comunes, al menos por lo que se puede ver en los juzgados. El grupo Nozar, la filial hotelera de Aifos o las constructoras Astunosa, Edisan y Obrum son algunas de las empresas que han sido denunciadas ante los tribunales por presunta estafa y fraude en los concursos.
La forma de operar es siempre la misma: se desvía el dinero de la caja a otras sociedades del grupo días antes de declarar el concurso para intentar ocultar el patrimonio, se emiten facturas y pagarés cuando se sabe ya que no se van a poder atender o, simplemente, se aplican de forma fraudulenta los créditos. Es el timo de la estampita del siglo XXI.
Y no es una cuestión baladí. Un informe elaborado por PricewaterhouseCoopers ha detectado que en España existe una mayor correlación entre la crisis económica y el fraude que en el resto de países de nuestro entorno. Prueba de ello es que el 53% de los directivos encuestados para la realización del estudio ha declarado que el número de delitos en nuestro país se ha incrementado respecto al año anterior, frente al 40% que opina igual en Europa o el 43% a nivel mundial.
El estudio identifica el riesgo de fraude con la disminución de los recursos humanos y su focalización hacia áreas "más relevantes" , además de la falta de medios económicos. Pero podría haber muchas más razones. Tenerlo todo y ver que de la noche a la mañana se puede perder conduce a más de un empresario a una situación límite.
Según los expertos, son muchas sociedades las que hace uno o dos años tuvieron que renegociar al límite su deuda con la banca para evitar el concurso, y que ahora, lejos de superar las estrecheces y con los brotes verdes cada vez más secos, se ven abocadas de nuevo a suspender el pago a sus acreedores.
La construcción y el mercado inmobiliario siguen siendo las estrellas concursales -representan el 34% de todos los procesos incoados en el último ejercicio-, aunque la crisis ha comenzado a atacar ya con fuerza a otros sectores distintos, como la industria pesada, la automoción o incluso la distribución alimentaria y textil.
Las estafas se disparan
Con cada vez mayor número de empresas al borde de la ruina, es ahora además cuando aparece un segundo problema aún más grave si cabe: el de los fraudes. Para desgracia de los acreedores, son casos cada vez más comunes, al menos por lo que se puede ver en los juzgados. El grupo Nozar, la filial hotelera de Aifos o las constructoras Astunosa, Edisan y Obrum son algunas de las empresas que han sido denunciadas ante los tribunales por presunta estafa y fraude en los concursos.
La forma de operar es siempre la misma: se desvía el dinero de la caja a otras sociedades del grupo días antes de declarar el concurso para intentar ocultar el patrimonio, se emiten facturas y pagarés cuando se sabe ya que no se van a poder atender o, simplemente, se aplican de forma fraudulenta los créditos. Es el timo de la estampita del siglo XXI.
Y no es una cuestión baladí. Un informe elaborado por PricewaterhouseCoopers ha detectado que en España existe una mayor correlación entre la crisis económica y el fraude que en el resto de países de nuestro entorno. Prueba de ello es que el 53% de los directivos encuestados para la realización del estudio ha declarado que el número de delitos en nuestro país se ha incrementado respecto al año anterior, frente al 40% que opina igual en Europa o el 43% a nivel mundial.
El estudio identifica el riesgo de fraude con la disminución de los recursos humanos y su focalización hacia áreas "más relevantes" , además de la falta de medios económicos. Pero podría haber muchas más razones. Tenerlo todo y ver que de la noche a la mañana se puede perder conduce a más de un empresario a una situación límite.
jueves, 3 de junio de 2010
“El dinero está en las insolvencias
“El dinero está en las insolvencias”. Esta idea, que es moneda corriente en los últimos tiempos en el mundo jurídico, viene ampliamente avalada por los excesos de los abogados corporativos anglosajones dedicados a reestructuraciones. Hay firmas que facturan cientos de dólares la hora y pasan hojas de gastos (o más bien caprichos) de representación suntuarios. Es decir, si alguien está haciendo dinero con la quiebra de empresas como Lehmann, ésos son ellos.
La realidad española es otra, avisa Antonio Fernández, socio responsable del área de reestructuraciones y concursal del bufete Garrigues, ya que aquí las facturas no alcanzan aquellos importes. Sin embargo, eso no significa que hablemos de honorarios asequibles. “Aquí no manejamos los pelotazos de EEUU, pero hay que tener en cuenta que el abogado reestructurador entra con un equipo de médicos que van a hacerse cargo de todas las áreas y en el cual el deudor pone toda su confianza. Y eso tiene un coste. Ganamos bastante, sí, pero está plenamente justificado”.
Entre otros motivos, señala Fernández, porque este es “un trabajo estresante en el que has de tener mucha inteligencia para decidir con acierto en pocos minutos las consultas que el cliente te hace. Si te pregunta si puede o no vender una parte de la empresa, darle una contestación acertada o equivocada puede suponerle salvar su empresa o ir a la cárcel. Es mucha responsabilidad la que te echas encima”. Además, se trata de un trabajo que exige mucha especialización, “ya que has de estar todo el día estudiando y al tanto de criterios jurisprudenciales”.
En todo caso, estén o no justificadas, esas elevadas retribuciones han acabado atrayendo a un buen número de despachos que han entrado a trabajar en un sector hasta ahora copado por unas cuantas grandes firmas. Sin embargo, como afirma Fernández, este parece más un asunto coyuntural, causado por la crisis, que algo definitivo. “Las aguas volverán a su cauce. Esta es un área cíclica, de modo que para dedicarse profesionalmente a ella has de estar en un despacho grande que te permita seguir cuando pase la crisis. Desde 2003 hemos contados en nuestro despacho con una práctica muy estabilizada, con dos o tres grandes temas anuales, que son los que te permiten seguir en el sector”. Hasta ahora, asegura, los despachos que se dedicaban habitualmente a reestructuraciones eran tan sólo un puñado -“Gómez Acebo, Uría, Cuatrecasas, nosotros y poco más”- y así será en el futuro: “Cuando acabe la crisis, quedaremos los mismos”.
Sea o no circunstancial la competencia, lo cierto es que está forzando a realizar cambios. Así, Gómez Acebo & Pombo ha puesto en marcha una nueva área de reestructuraciones que integra abogados de mercantil, procesal y laboral, con un doble objetivo. De una parte, frenar la competencia con una apuesta más amplia, que dé un servicio más atractivo; de otra intentar aprovechar las posibilidades que se abren en el sector, sobre todo en lo que se refiere a compraventas de empresa dentro del marco concursal, ya que la firma considera que este va a ser uno de los productos estrella del sector.
Por eso ha puesto al frente a un mercantilista, José María Álvarez Arjona, de cara a potenciar lo transaccional frente a lo litigioso. “El mercado de los insolvencias”, asegura, “está cambiando. Ya no van a terminar el 95% de los procesos con la liquidación de la compañía, como ocurría antes, sino que vamos a ir hacia otros escenarios en los que harán falta menos abogados procesalistas y más mercantilistas. Por eso hablamos de reestructuración, ya que la tendencia apunta a que se realizarán muchas más compraventas de unidades de empresas en este marco de insolvencia o de falta de liquidez”.
Hasta ahora, las dificultades para vender partes de la empresa con las que pagar las deudas era grande, toda vez que “el deterioro de los activos de las grandes compañías, el funcionamiento lento de los juzgados y la falta de experiencia de los administradores concursales, no ayudaban en absoluto a buscar la mejor solución”. Pero ahora concurren varios aspectos que vienen a invertir la situación. Entre ellos aparecen en lugar destacado los efectos de la última reforma de la ley concursal en lo referido a la liquidación anticipada. Así lo asegura Fernández: “antes, podía ocurrir que llegase un inversor, comprase una sociedad o parte de ella, se aplicase para resolver sus problemas, por ejemplo solucionando un exceso de mano de obra o de producción, y que después, una vez reestructurada, se la quitasen por retroacción.
Eso hacía que las empresas se lo pensasen mucho antes de dar un paso aunque el negocio les pudiera parecer muy interesante”. Hoy, por el contrario, “si te la vende el juez en el marco de una quiebra como liquidación anticipada, tienes la seguridad completa de que nadie te lo va a quitar. Eso es lo que permite la reforma de 2009: si la empresa se pone en concurso y solicita liquidación anticipada, hay un comprador para algunos activos y paga un precio razonable, el juez puede efectuar la venta con seguridad para todas las partes”.
Fondos extranjeros en busca de gangas
En segundo lugar, estamos en un momento en el que están apareciendo algunas oportunidades provechosas de compra. “Dado que las empresas en liquidación no están teniendo salida y la situación está deteriorada”, afirma Álvarez Arjona, “el precio comienza a resultar interesante, por lo que están entrando fondos dedicados a compañías en situación de insolvencia. Hay mucho fondo internacional especializado y España se está convirtiendo en un buen mercado para ellos. Nos están mandando mensajes muy claros”.
Según Fernández, “desde hace seis o siete meses hay un montón de fondos extranjeros que están muy atentos a lo que pasa en nuestro país”. Una de las empresas por las que preguntan, es Marsans, “ya que ha funcionado bien hasta hace poco, lo que lleva a pensar a algunos inversores que si llegan con liquidez pueden reflotar la compañía con un coste bajo y hacerse así con un buen negocio”. Aunque el mejor ejemplo de estas operaciones de reestructuración ha sido, señala Álvarez Arjona, la compra por la sociedad de inversión Thesan, controlada por el fondo japonés Nomura, de Tiendas Aurgi.
Sin embargo, la verdadera oportunidad de negocio, asegura Álvarez Arjona, se encuentra, mucho más que en los fondos, en las empresas industriales. “Muchas de ellas se están dando cuenta de que les puede salir rentable adquirir activos de competidores que se han metido en problemas. Hay fábricas paradas, por ejemplo, que se pueden comprar a buen precio”. Y, reitera, los riesgos que se asumen en el marco concursal están ya muy medidos. “Las insolvencias han tenido mala imagen en España, pero ya no funcionamos con la antigua ley de suspensión de pagos ni con los antiguos jueces generalistas. Los problemas con los procedimientos concursales son una leyenda negra que está cambiando”.
La realidad española es otra, avisa Antonio Fernández, socio responsable del área de reestructuraciones y concursal del bufete Garrigues, ya que aquí las facturas no alcanzan aquellos importes. Sin embargo, eso no significa que hablemos de honorarios asequibles. “Aquí no manejamos los pelotazos de EEUU, pero hay que tener en cuenta que el abogado reestructurador entra con un equipo de médicos que van a hacerse cargo de todas las áreas y en el cual el deudor pone toda su confianza. Y eso tiene un coste. Ganamos bastante, sí, pero está plenamente justificado”.
Entre otros motivos, señala Fernández, porque este es “un trabajo estresante en el que has de tener mucha inteligencia para decidir con acierto en pocos minutos las consultas que el cliente te hace. Si te pregunta si puede o no vender una parte de la empresa, darle una contestación acertada o equivocada puede suponerle salvar su empresa o ir a la cárcel. Es mucha responsabilidad la que te echas encima”. Además, se trata de un trabajo que exige mucha especialización, “ya que has de estar todo el día estudiando y al tanto de criterios jurisprudenciales”.
En todo caso, estén o no justificadas, esas elevadas retribuciones han acabado atrayendo a un buen número de despachos que han entrado a trabajar en un sector hasta ahora copado por unas cuantas grandes firmas. Sin embargo, como afirma Fernández, este parece más un asunto coyuntural, causado por la crisis, que algo definitivo. “Las aguas volverán a su cauce. Esta es un área cíclica, de modo que para dedicarse profesionalmente a ella has de estar en un despacho grande que te permita seguir cuando pase la crisis. Desde 2003 hemos contados en nuestro despacho con una práctica muy estabilizada, con dos o tres grandes temas anuales, que son los que te permiten seguir en el sector”. Hasta ahora, asegura, los despachos que se dedicaban habitualmente a reestructuraciones eran tan sólo un puñado -“Gómez Acebo, Uría, Cuatrecasas, nosotros y poco más”- y así será en el futuro: “Cuando acabe la crisis, quedaremos los mismos”.
Sea o no circunstancial la competencia, lo cierto es que está forzando a realizar cambios. Así, Gómez Acebo & Pombo ha puesto en marcha una nueva área de reestructuraciones que integra abogados de mercantil, procesal y laboral, con un doble objetivo. De una parte, frenar la competencia con una apuesta más amplia, que dé un servicio más atractivo; de otra intentar aprovechar las posibilidades que se abren en el sector, sobre todo en lo que se refiere a compraventas de empresa dentro del marco concursal, ya que la firma considera que este va a ser uno de los productos estrella del sector.
Por eso ha puesto al frente a un mercantilista, José María Álvarez Arjona, de cara a potenciar lo transaccional frente a lo litigioso. “El mercado de los insolvencias”, asegura, “está cambiando. Ya no van a terminar el 95% de los procesos con la liquidación de la compañía, como ocurría antes, sino que vamos a ir hacia otros escenarios en los que harán falta menos abogados procesalistas y más mercantilistas. Por eso hablamos de reestructuración, ya que la tendencia apunta a que se realizarán muchas más compraventas de unidades de empresas en este marco de insolvencia o de falta de liquidez”.
Hasta ahora, las dificultades para vender partes de la empresa con las que pagar las deudas era grande, toda vez que “el deterioro de los activos de las grandes compañías, el funcionamiento lento de los juzgados y la falta de experiencia de los administradores concursales, no ayudaban en absoluto a buscar la mejor solución”. Pero ahora concurren varios aspectos que vienen a invertir la situación. Entre ellos aparecen en lugar destacado los efectos de la última reforma de la ley concursal en lo referido a la liquidación anticipada. Así lo asegura Fernández: “antes, podía ocurrir que llegase un inversor, comprase una sociedad o parte de ella, se aplicase para resolver sus problemas, por ejemplo solucionando un exceso de mano de obra o de producción, y que después, una vez reestructurada, se la quitasen por retroacción.
Eso hacía que las empresas se lo pensasen mucho antes de dar un paso aunque el negocio les pudiera parecer muy interesante”. Hoy, por el contrario, “si te la vende el juez en el marco de una quiebra como liquidación anticipada, tienes la seguridad completa de que nadie te lo va a quitar. Eso es lo que permite la reforma de 2009: si la empresa se pone en concurso y solicita liquidación anticipada, hay un comprador para algunos activos y paga un precio razonable, el juez puede efectuar la venta con seguridad para todas las partes”.
Fondos extranjeros en busca de gangas
En segundo lugar, estamos en un momento en el que están apareciendo algunas oportunidades provechosas de compra. “Dado que las empresas en liquidación no están teniendo salida y la situación está deteriorada”, afirma Álvarez Arjona, “el precio comienza a resultar interesante, por lo que están entrando fondos dedicados a compañías en situación de insolvencia. Hay mucho fondo internacional especializado y España se está convirtiendo en un buen mercado para ellos. Nos están mandando mensajes muy claros”.
Según Fernández, “desde hace seis o siete meses hay un montón de fondos extranjeros que están muy atentos a lo que pasa en nuestro país”. Una de las empresas por las que preguntan, es Marsans, “ya que ha funcionado bien hasta hace poco, lo que lleva a pensar a algunos inversores que si llegan con liquidez pueden reflotar la compañía con un coste bajo y hacerse así con un buen negocio”. Aunque el mejor ejemplo de estas operaciones de reestructuración ha sido, señala Álvarez Arjona, la compra por la sociedad de inversión Thesan, controlada por el fondo japonés Nomura, de Tiendas Aurgi.
Sin embargo, la verdadera oportunidad de negocio, asegura Álvarez Arjona, se encuentra, mucho más que en los fondos, en las empresas industriales. “Muchas de ellas se están dando cuenta de que les puede salir rentable adquirir activos de competidores que se han metido en problemas. Hay fábricas paradas, por ejemplo, que se pueden comprar a buen precio”. Y, reitera, los riesgos que se asumen en el marco concursal están ya muy medidos. “Las insolvencias han tenido mala imagen en España, pero ya no funcionamos con la antigua ley de suspensión de pagos ni con los antiguos jueces generalistas. Los problemas con los procedimientos concursales son una leyenda negra que está cambiando”.
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