La Audiencia de Madrid halla indicios de delito en la gestión del grupo Nozar
Javier Romera / Alejandra Ramón
23/12/2010 - 8:18
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* Ordena la apertura de una investigación a los Nozaleda
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El presidente de Nozar, Luis Nozaleda. Foto: Archivo
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Nozar ya era insolvente a comienzos de 2008
La situación concursal del grupo Nozar amenaza con pasar una factura muy alta a la familia Nozaleda, la propietaria del conglomerado empresarial. La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto en el que asegura haber hallado "indicios suficientes" de un presunto delito de insolvencia punible en Lena, su empresa constructora.
El juez investigará así si los Nozaleda han arrastrado a la empresa a la quiebra de forma deliberada desviando fondos a otras empresas del grupo y ocultándoselo a sus proveedores.
El problema se inició cuando uno de ellos la denunció ante el juzgado de instrucción número 34 de Madrid. Inicialmente el juez archivó el caso, pero este acreedor, al que representa el bufete de abogados Grano de Oro, con una gran experiencia en casos de delincuencia económica, recurrió a la Audiencia Provincial, que es la que ha ordenado ahora su reapertura. En el auto, al que ha tenido acceso elEconomista, los magistrados Arturo Beltrán, Pascual Fabiá y María Lus Almeida, estiman parcialmente el recurso de apelación.
Aunque rechazan la comisión de una posible estafa, encuentran indicios de la culpabilidad de los Nozaleda en la insolvencia en perjuicio de terceros.
Vaciamiento patrimonial
En la querella se asegura que los gestores de Nozar y Lena -los hermanos Luis, Juan Carlos, Clara y Blanca Nozaleda- habrían llevado a cabo un vaciamiento patrimonial de la filial, utilizando sus activos para pagar las deudas tanto de la matriz como de otras empresas del grupo. En la querella, a la que ha tenido acceso elEconomista, se aportan facturas que demostrarían la salida irregular de, al menos, nueve millones, pero los querellantes advierten que "el fraude puede ser mucho mayor".
La cúpula de Nozar habría utilizado pagarés propiedad de Lena para realizar pagos a favor de Nozar, Nozesba Desarrollos y NZ Patrimonio. Además, habría aplicado un crédito tributario a favor de la constructora para satisfacer deudas tributarias de Nozaceck y NZ Patrimonio. "La empresa se ha vaciado patrimonialmente por acudir en auxilio financiero de la sociedad dominante o de otras sociedades pertenecientes a este mismo grupo", se asegura en la querella.
Si el juez logra demostrar que se desplazaban de manera gratuita dinero o créditos de Lena a favor de Nozar o viceversa se probará la insolvencia punible con el consiguiente perjuicio para los acreedores reales, ya que el capital se utilizó para satisfacer a acreedores ficticios. Los querellantes aseguran que "Lena estaba en estado de insolvencia, con un pavoroso déficit (4,4 millones de euros), con anterioridad a la fecha de solicitud del concurso (...,) con motivo del saqueo patrimonial y literal vaciamiento de que había sido objeto" por los Nozaleda.
Por eso explican que Lena "presentó datos falsos relativos al estado contable para lograr indebidamente la declaración de concurso". Y todo ello con el consiguiente daño a los proveedores ya que, según denuncia este damnificado, "los querellados han estado adquiriendo bienes y servicios de sus proveedores, que sabían perfectamente que no podían pagar, ni tenían la menor intención de hacerlo, utilizando como pantalla a Lena".
Este hecho ya lo dio conocer la administración concursal de Lena cuando en su informe aseguró que Nozar utilizaba los recursos de su filial (Lena) para pagar deudas contraídas por otras compañías o por la propia matriz. Da fe del listado de transacciones bancarias que se han registrado en todo el entramado empresarial que conforma el imperio de los Nozaleda.
jueves, 23 de diciembre de 2010
martes, 21 de diciembre de 2010
Ernst& Young ayuda a Lehman a Robar
Demanda contra Ernst & Young por ayudar a Lehman Brothers a maquillar su balance
Efe
21/12/2010 - 19:50
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Todo lo que rodeaba a Lehman Brothers olía mal
El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, interpuso hoy una demanda de 150 millones de dólares contra la auditora Ernst & Young por haber ayudado a Lehman Brothers a maquillar su balance de cuentas y ocultar los problemas económicos que la financiera tenía antes de entrar en bancarrota.
"Las prácticas de Lehman estaban diseñadas para ocultar miles de millones de dólares en deudas durante los años previos al colapso", dijo en un comunicado Cuomo, quien añadió que también "preocupante" es que "una firma contable de relevancia mundial que tenía que auditar los estados financieros de Lehman ayudase a ocultar esta información crucial a los inversores".
"Repo 105"
En la demanda, interpuesta ante el Tribunal Supremo de Nueva York, el fiscal general del Estado acusa a la auditora, una de las cuatro más grandes del mundo, de ayudar al entonces gigante financiero a cometer un fraude que suponía la alteración de sus libros contables, mediante una práctica llamada "Repo 105".
Ese instrumento contable permite de forma temporal presentar "activos problemáticos" como activos normales, para ocultar a inversores, entidades reguladoras y agencias de calificación la verdadera situación económica y de liquidez de la entidad financiera.
"Durante los siete años anteriores a la caída de Lehman en septiembre de 2008, la financiera utilizó las llamadas transacciones 'Repo 105', que fueron explícitamente aprobadas por Ernst & Young", detalla el comunicado de la Fiscalía.
En esa demanda, Cuomo afirma que la auditora estaba "totalmente al corriente de las transacciones fraudulentas de Lehman, aprobó su uso y dio opiniones favorables de la empresa cada año desde 2001 hasta 2007".
Desde 2007 hasta que entró en bancarrota, Lehman aceleró estas prácticas y retiró hasta 50.000 millones de dólares de sus balances de cuentas -detalla la demanda-, para ocultar los riesgos que asumía y que la llevaron sólo unos meses más tarde a protagonizar un desplome que hizo tambalear todo el sistema financiero estadounidense.
Efe
21/12/2010 - 19:50
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El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, interpuso hoy una demanda de 150 millones de dólares contra la auditora Ernst & Young por haber ayudado a Lehman Brothers a maquillar su balance de cuentas y ocultar los problemas económicos que la financiera tenía antes de entrar en bancarrota.
"Las prácticas de Lehman estaban diseñadas para ocultar miles de millones de dólares en deudas durante los años previos al colapso", dijo en un comunicado Cuomo, quien añadió que también "preocupante" es que "una firma contable de relevancia mundial que tenía que auditar los estados financieros de Lehman ayudase a ocultar esta información crucial a los inversores".
"Repo 105"
En la demanda, interpuesta ante el Tribunal Supremo de Nueva York, el fiscal general del Estado acusa a la auditora, una de las cuatro más grandes del mundo, de ayudar al entonces gigante financiero a cometer un fraude que suponía la alteración de sus libros contables, mediante una práctica llamada "Repo 105".
Ese instrumento contable permite de forma temporal presentar "activos problemáticos" como activos normales, para ocultar a inversores, entidades reguladoras y agencias de calificación la verdadera situación económica y de liquidez de la entidad financiera.
"Durante los siete años anteriores a la caída de Lehman en septiembre de 2008, la financiera utilizó las llamadas transacciones 'Repo 105', que fueron explícitamente aprobadas por Ernst & Young", detalla el comunicado de la Fiscalía.
En esa demanda, Cuomo afirma que la auditora estaba "totalmente al corriente de las transacciones fraudulentas de Lehman, aprobó su uso y dio opiniones favorables de la empresa cada año desde 2001 hasta 2007".
Desde 2007 hasta que entró en bancarrota, Lehman aceleró estas prácticas y retiró hasta 50.000 millones de dólares de sus balances de cuentas -detalla la demanda-, para ocultar los riesgos que asumía y que la llevaron sólo unos meses más tarde a protagonizar un desplome que hizo tambalear todo el sistema financiero estadounidense.
"Durante los siete años anteriores a la caída de Lehman en septiembre de 2008, la financiera utilizó las llamadas transacciones "Repo 105", que fueron explícitamente aprobadas por Ernst & Young", detalla el comunicado de la Fiscalía.
El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, interpuso este martes una demanda de 150 millones de dólares contra la auditora Ernst & Young por haber ayudado a Lehman Brothers a maquillar su balance de cuentas y ocultar los problemas económicos que la financiera tenía antes de entrar en bancarrota.
* Cursos especializados y programas de formación
* ¿Por qué se permitió la quiebra?
2010-12-21
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EFE
"Las prácticas de Lehman estaban diseñadas para ocultar miles de millones de dólares en deudas durante los años previos a la quiebra", dijo Cuomo en un comunicado. Añadió que "igual de preocupante es que una firma contable de relevancia mundial que tenía que auditar los estados financieros de Lehman ayudase a ocultar esta información crucial a los inversores".
En la demanda, interpuesta ante el Tribunal Supremo de Nueva York, el fiscal general del estado acusa a la auditora, una de las cuatro mayores del mundo, de ayudar al entonces gigante financiero a cometer un fraude que suponía la alteración de sus libros contables mediante una práctica llamada "Repo 105".
Ese instrumento contable permite de forma temporal presentar "activos problemáticos" como normales, con el fin de ocultar a inversores, entidades reguladoras y agencias de calificación la verdadera situación económica y de liquidez de la entidad financiera. "Durante los siete años anteriores a la caída de Lehman en septiembre de 2008, la financiera utilizó las llamadas transacciones "Repo 105", que fueron explícitamente aprobadas por Ernst & Young", detalla el comunicado de la Fiscalía.
En esa demanda, Cuomo afirma que la auditora estaba "totalmente al corriente de las transacciones fraudulentas de Lehman, aprobó su uso y dio opiniones favorables de la empresa cada año desde 2001 hasta 2007".
Desde 2007, hasta que quebró, Lehman aceleró estas prácticas y retiró hasta 50.000 millones de dólares de su balance -detalla la demanda-, para ocultar los riesgos que asumía y que la llevaron tan sólo unos meses más tarde a protagonizar una quiebra que hizo tambalearse a todo el sistema financiero estadounidense.
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"Las prácticas de Lehman estaban diseñadas para ocultar miles de millones de dólares en deudas durante los años previos a la quiebra", dijo Cuomo en un comunicado. Añadió que "igual de preocupante es que una firma contable de relevancia mundial que tenía que auditar los estados financieros de Lehman ayudase a ocultar esta información crucial a los inversores".
En la demanda, interpuesta ante el Tribunal Supremo de Nueva York, el fiscal general del estado acusa a la auditora, una de las cuatro mayores del mundo, de ayudar al entonces gigante financiero a cometer un fraude que suponía la alteración de sus libros contables mediante una práctica llamada "Repo 105".
Ese instrumento contable permite de forma temporal presentar "activos problemáticos" como normales, con el fin de ocultar a inversores, entidades reguladoras y agencias de calificación la verdadera situación económica y de liquidez de la entidad financiera. "Durante los siete años anteriores a la caída de Lehman en septiembre de 2008, la financiera utilizó las llamadas transacciones "Repo 105", que fueron explícitamente aprobadas por Ernst & Young", detalla el comunicado de la Fiscalía.
En esa demanda, Cuomo afirma que la auditora estaba "totalmente al corriente de las transacciones fraudulentas de Lehman, aprobó su uso y dio opiniones favorables de la empresa cada año desde 2001 hasta 2007".
Desde 2007, hasta que quebró, Lehman aceleró estas prácticas y retiró hasta 50.000 millones de dólares de su balance -detalla la demanda-, para ocultar los riesgos que asumía y que la llevaron tan sólo unos meses más tarde a protagonizar una quiebra que hizo tambalearse a todo el sistema financiero estadounidense.
Embargado Diaz Ferran: Por ....
Díaz Ferrán, embargado por Aircomet
El juzgado prevé que él y su socio podrían tener que compensar con su patrimonio las deudas de la difunta aerolína
PUBLICO. ES / EUROPA PRESS MADRID 06/08/2010 17:04 Actualizado: 06/08/2010 19:41
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Gerardo Díaz Ferran. EFE
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El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ha embargado cautelarmente 37,64 millones de euros a los ex propietarios de Air Comet, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, ya que podrían tener que compensar con su patrimonio el agujero de la aerolínea por la "pasividad" que mostraron para pedir su insolvencia.
En un auto fechado el pasado 3 de agosto, contra el que no cabe recurso, el juez sustituto Javier Yáñez extiende el embargo a dos de los hijos de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, así como a un ex consejero de Air Comet. Explica que todos ellos se enfrentan a la posibilidad de ser declarados culpables del proceso de insolvencia, máxime teniendo en cuenta las "graves irregularidades" que denuncia la administración concursal.
El juez considera indiciariamente acreditada la posible culpabilidad de los ex propietarios porque Air Comet afrontaba abultados impagos desde enero de 2008. No fue hasta diciembre de 2009 cuando se acogió a la Ley Concursal para renegociar la deuda con sus acreedores. Finalmente presentó concurso voluntario de acreedores el 23 de marzo de 2010.
"Nos encontramos con que la concursada se hallaba en situación de insolvencia con anterioridad al inicio del plazo de solicitud de concurso", señala el auto, en el que el juez destaca que "esa pasividad pudo generar una agravación de la insolvencia, al mantener en el tráfico económico una sociedad que no puede atender sus obligaciones, generando nuevos gastos y contrayendo nuevas obligaciones que no podría atender".
Su pasividad "pudo agravar la situación de insolvencia"
El juez pone como ejemplo que Air Comet arrastraba un "importante pasivo" de 7,33 millones de euros con la Tesorería General de la Seguridad Social hasta febrero de 2009.
También relata que desde enero de 2008 hasta la declaración de concurso no afrontaba los ingresos correspondientes a retenciones del IRPF por trabajo personal, al tiempo que no pagaba salarios desde julio de 2009.
Precisamente, el juez se basa en las deudas generadas en el periodo que media entre marzo de 2008 y diciembre de 2009, que ascienden a 37,64 millones, para fijar el embargo cautelar, que busca evitar que el patrimonio de Díaz Ferrán y su círculo "se disminuya o directamente desaparezca, bien por acción del propio demandado" o por acciones de terceros.
El juez tiene en cuenta dicho "peligro de mora" dado el "alto montante de la responsabilidad económica a la que se pueden ver sometidos" los ex gestores de Air Comet y a la situación concursal de la mayoría de sociedades de Marsans, grupo al que pertenece.
La declaración de un concurso de acreedores como culpable es una de las medidas más temidas por los gestores porque les obliga a pagar de su patrimonio todo o parte del agujero existente, que en el caso de Air Comet es tal que "que impedirá satisfacer" las deudas de los más de 24.000 acreedores.
Se trata de una de las medidas mas temidas por los gestores
La documentación aportada por la compañía en el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, cuando se declaró insolvente en abril, reflejaba que sus activos ascendían a 84,5 millones de euros, frente a un pasivo de 310,4 millones de euros.
Por ello, el juez considera "evidente que la sociedad se verá abocada a la liquidación si tenemos en cuenta el cese de la actividad comercial y la extinción de las relaciones laborales de la concursada", salvo una minoría de trabajadores.
El embargo cautelar de los bienes de Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual, Ignacio Pascual de Riva, Gerardo Díaz Santamaría y José María Llodrá había sido solicitado por la administración concursal de Air Comet, formada por el letrado Mariano Hernández, el economista Luis Arqued y la Agencia Tributaria.
El embargo contra Díaz Ferrán es a través de Inversiones Grudisan, en la que aparece como administrador único pero que tiene siete apoderados, entre los que figuran su esposa, Raquel Santamaría García; sus tres hijos, Marta, Gerardo y Raquel, y su yerno, Antón Carreño Ferreiro.
El juzgado prevé que él y su socio podrían tener que compensar con su patrimonio las deudas de la difunta aerolína
PUBLICO. ES / EUROPA PRESS MADRID 06/08/2010 17:04 Actualizado: 06/08/2010 19:41
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En un auto fechado el pasado 3 de agosto, contra el que no cabe recurso, el juez sustituto Javier Yáñez extiende el embargo a dos de los hijos de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, así como a un ex consejero de Air Comet. Explica que todos ellos se enfrentan a la posibilidad de ser declarados culpables del proceso de insolvencia, máxime teniendo en cuenta las "graves irregularidades" que denuncia la administración concursal.
El juez considera indiciariamente acreditada la posible culpabilidad de los ex propietarios porque Air Comet afrontaba abultados impagos desde enero de 2008. No fue hasta diciembre de 2009 cuando se acogió a la Ley Concursal para renegociar la deuda con sus acreedores. Finalmente presentó concurso voluntario de acreedores el 23 de marzo de 2010.
"Nos encontramos con que la concursada se hallaba en situación de insolvencia con anterioridad al inicio del plazo de solicitud de concurso", señala el auto, en el que el juez destaca que "esa pasividad pudo generar una agravación de la insolvencia, al mantener en el tráfico económico una sociedad que no puede atender sus obligaciones, generando nuevos gastos y contrayendo nuevas obligaciones que no podría atender".
Su pasividad "pudo agravar la situación de insolvencia"
El juez pone como ejemplo que Air Comet arrastraba un "importante pasivo" de 7,33 millones de euros con la Tesorería General de la Seguridad Social hasta febrero de 2009.
También relata que desde enero de 2008 hasta la declaración de concurso no afrontaba los ingresos correspondientes a retenciones del IRPF por trabajo personal, al tiempo que no pagaba salarios desde julio de 2009.
Precisamente, el juez se basa en las deudas generadas en el periodo que media entre marzo de 2008 y diciembre de 2009, que ascienden a 37,64 millones, para fijar el embargo cautelar, que busca evitar que el patrimonio de Díaz Ferrán y su círculo "se disminuya o directamente desaparezca, bien por acción del propio demandado" o por acciones de terceros.
El juez tiene en cuenta dicho "peligro de mora" dado el "alto montante de la responsabilidad económica a la que se pueden ver sometidos" los ex gestores de Air Comet y a la situación concursal de la mayoría de sociedades de Marsans, grupo al que pertenece.
La declaración de un concurso de acreedores como culpable es una de las medidas más temidas por los gestores porque les obliga a pagar de su patrimonio todo o parte del agujero existente, que en el caso de Air Comet es tal que "que impedirá satisfacer" las deudas de los más de 24.000 acreedores.
Se trata de una de las medidas mas temidas por los gestores
La documentación aportada por la compañía en el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, cuando se declaró insolvente en abril, reflejaba que sus activos ascendían a 84,5 millones de euros, frente a un pasivo de 310,4 millones de euros.
Por ello, el juez considera "evidente que la sociedad se verá abocada a la liquidación si tenemos en cuenta el cese de la actividad comercial y la extinción de las relaciones laborales de la concursada", salvo una minoría de trabajadores.
El embargo cautelar de los bienes de Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual, Ignacio Pascual de Riva, Gerardo Díaz Santamaría y José María Llodrá había sido solicitado por la administración concursal de Air Comet, formada por el letrado Mariano Hernández, el economista Luis Arqued y la Agencia Tributaria.
El embargo contra Díaz Ferrán es a través de Inversiones Grudisan, en la que aparece como administrador único pero que tiene siete apoderados, entre los que figuran su esposa, Raquel Santamaría García; sus tres hijos, Marta, Gerardo y Raquel, y su yerno, Antón Carreño Ferreiro.
martes, 14 de diciembre de 2010
Un Golfo en Air Comet???
La administración concursal acusa a Díaz Ferrán de desviar fondos en Air Comet
Alejandra Ramón 14/12/2010 - 6:23
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Ferrán y Pascual: embargados hasta las cejas
La vista oral en la que los representantes legales de Díaz Ferrán, su socio, los hijos de ambos y su sociedad patrimonial, Inversiones Grudisan, intentaron ayer desmontar el concurso necesario de Air Comet, ha desvelado alguno de los datos que posiblemente contenga el informe concursal que verá la luz en breve.
Entre estos, alguno de los más destacables es el hecho de que entre los meses de junio y agosto, Díaz Ferrán transmitió bienes de su patrimonial, Inversiones Grudisan, a otra sociedad. Además, la vivienda del hijo de Díaz Ferrán, se hipotecó a favor de Posibilitum, la empresa que compró Marsans, dos días después de que el juzgado mercantil número 8 ordenase el embargo de los bienes de los cuatro afectados para responder de aquellos pagos que habían avalado personalmente. Son estas circunstancias las que han propiciado que del embargo decretado por el juez por 37,6 millones sólo se hayan incautado 80.000 de otro consejero distinto.
Oposición a la culpabilidad
Los letrados intentaron demostrar que estaba mal calificado el concurso puesto que sus clientes actuaron diligentemente y, por tanto, no era necesario o culpable. Del mismo modo explicaron detalles financieros de la aerolínea para demostrar que el embargo decretado por 37,6 millones se debía anular. El problema es que todos sus argumentos fueron matizados por los administradores concursales que ya han revisado con lupa Air Comet. Así, ellos defendían que hasta diciembre de 2009 la empresa cumplió con todos sus pagos a la Seguridad Social, que se logró un aplazamiento y que, por tanto, no se puede basar en eso el concurso.
Los administradores matizaron que el aplazamiento fue denegado, que se pagaron 1,8 millones pero se deben 24 millones y que las deudas con la Seguridad Social se arrastran desde 1997. Además, explicaron que la aceptación del aplazamiento tenía como condición indispensable que se abonasen los 3,6 millones que se debían de las cuotas de los trabajadores.
El letrado de los empresarios embargados, Ignacio Castillo, intentó desmontar, también la deuda con Hacienda y aseguró que al igual que en el caso anterior se había llegado a un acuerdo y se dieron una serie de avales y no fue hasta finales de 2009 cuando se denegó el aplazamiento de las retenciones. Los administradores, sin embargo, dijeron que a la Agencia Tributaria (Aeat) se le debían 17 millones y que ésta no aceptó los avales que les presentaron. En concreto, se ofreció un hotel de lujo en México, por valor de 2 millones, y una garantía hipotecaria que venía firmada por Josep Xicola, lo cual no era garantía de nada ya que el empresario está imputado por estafa continuada, insolvencia punible y asociación ilícita. Además, remarcó que mensualmente la Aeat retiene 500.000 euros mensuales en concepto de IRPF.
Alejandra Ramón 14/12/2010 - 6:23
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Ferrán y Pascual: embargados hasta las cejas
La vista oral en la que los representantes legales de Díaz Ferrán, su socio, los hijos de ambos y su sociedad patrimonial, Inversiones Grudisan, intentaron ayer desmontar el concurso necesario de Air Comet, ha desvelado alguno de los datos que posiblemente contenga el informe concursal que verá la luz en breve.
Entre estos, alguno de los más destacables es el hecho de que entre los meses de junio y agosto, Díaz Ferrán transmitió bienes de su patrimonial, Inversiones Grudisan, a otra sociedad. Además, la vivienda del hijo de Díaz Ferrán, se hipotecó a favor de Posibilitum, la empresa que compró Marsans, dos días después de que el juzgado mercantil número 8 ordenase el embargo de los bienes de los cuatro afectados para responder de aquellos pagos que habían avalado personalmente. Son estas circunstancias las que han propiciado que del embargo decretado por el juez por 37,6 millones sólo se hayan incautado 80.000 de otro consejero distinto.
Oposición a la culpabilidad
Los letrados intentaron demostrar que estaba mal calificado el concurso puesto que sus clientes actuaron diligentemente y, por tanto, no era necesario o culpable. Del mismo modo explicaron detalles financieros de la aerolínea para demostrar que el embargo decretado por 37,6 millones se debía anular. El problema es que todos sus argumentos fueron matizados por los administradores concursales que ya han revisado con lupa Air Comet. Así, ellos defendían que hasta diciembre de 2009 la empresa cumplió con todos sus pagos a la Seguridad Social, que se logró un aplazamiento y que, por tanto, no se puede basar en eso el concurso.
Los administradores matizaron que el aplazamiento fue denegado, que se pagaron 1,8 millones pero se deben 24 millones y que las deudas con la Seguridad Social se arrastran desde 1997. Además, explicaron que la aceptación del aplazamiento tenía como condición indispensable que se abonasen los 3,6 millones que se debían de las cuotas de los trabajadores.
El letrado de los empresarios embargados, Ignacio Castillo, intentó desmontar, también la deuda con Hacienda y aseguró que al igual que en el caso anterior se había llegado a un acuerdo y se dieron una serie de avales y no fue hasta finales de 2009 cuando se denegó el aplazamiento de las retenciones. Los administradores, sin embargo, dijeron que a la Agencia Tributaria (Aeat) se le debían 17 millones y que ésta no aceptó los avales que les presentaron. En concreto, se ofreció un hotel de lujo en México, por valor de 2 millones, y una garantía hipotecaria que venía firmada por Josep Xicola, lo cual no era garantía de nada ya que el empresario está imputado por estafa continuada, insolvencia punible y asociación ilícita. Además, remarcó que mensualmente la Aeat retiene 500.000 euros mensuales en concepto de IRPF.
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