"GRAVES IRREGULARIDADES"
Embargan 37 millones de euros a Díaz Ferrán por el caso Air Comet
El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ha embargado cautelarmente 37,64 millones de euros a los ex propietarios de Air Comet, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, por las "graves irregularidades" cometidas en la aerolínea, para hacer frente eventualmente con su patrimonio al agujero existente.
viernes, 6 de agosto de 2010
martes, 27 de julio de 2010
El Grupo Prisa Negocia con La Banca
El milagro que no cesa: Prisa negocia otra nueva prórroga con la banca
Prisa | Liberty Acquisitions Holdings | HSBC | deuda | Media Capital Enviar Leer más tarde Comentar Imprimir RSS 11 Facebook 12 Twitter Menéame OTRAS NOTICIAS
Oliart retrasa un año el recorte de hasta 60 directivos en RTVE
El top manta cae un 50% en 2009 por culpa de las descargas de Internet
Oliart se enfrenta "a gritos" con el Consejo de Administración por el sueldo de los directivos
La Comisión Europea aprueba el nuevo sistema fiscal de financiación de RTVE
Prisa perderá sus canales de pago en TDT si vende su participación en Telecinco
COMUNIDAD
COMENTARIO DESTACADO
Hace 28 años que llegó Felipe al poder. De ellos 20 ha gobernado el POSE y 8 escasos el PP. Al Psoe le quedan, para más inri, otros...
patasarriba
Deja tu comentarioBUSCAR USUARIOS
Ver directorio de usuarios
Juan Luis Cebrián (i) junto a Ignacio de Polanco en la Junta General de Accionistas (EFE).
(5/5 | 2 votos) | Compartir
| Deja tu comentario | 3 Comentarios
@D.Toledo/A.Marco.- 27/07/2010 (06:00h)
La paciencia de la banca con Prisa no se agota. Los Polanco negocian con sus bancos acreedores ampliar en cuatro meses el plazo que le dieron a la compañía para cumplir con las condiciones impuestas para la reestructuración de su deuda. “El HSBC está por la labor de liderar un waiver del 30 de julio al 30 de noviembre”, aseguran fuentes financieras. Es territorio conocido por el grupo, que ya logró en 2008 y 2009 sendas prórrogas al vencimiento de su crédito puente. La deuda a 30 de junio ascendía a 4.747,95 millones de euros
Prisa anunciaba el pasado 22 de febrero que había firmado un acuerdo de principios con sus bancos acreedores (HSBC, Santander, Banesto, Caja Madrid, La Caixa, BNP Paribas y Natixis) para extender en tres años el vencimiento del crédito puente, suscrito en diciembre de 2007 con objeto de financiar la opa por el 100% de Sogecable. El acuerdo quedaba condicionado a la reestructuración de su préstamo sindicado. El 'sí' de las cerca de 40 entidades financieras implicadas en ese crédito llegaba dos meses después tras vencerse la resistencia de los díscolos Caja Badajoz y Calyon. El deadline de toda la deuda quedaba fijado para mayo de 2013.
Ahora bien, como adelantó El Confidencial, esa refinanciación salvadora sólo se activa si se cumplen una serie de condiciones, tres de las cuales están en alero. La primera es lograr “una inyección de capital no inferior a 450 millones” en la operación que negocia con la sociedad americana Liberty Acquisition Holdings Corp. En segundo lugar, vender un porcentaje de su filial lusa, Media Capital, o al menos conseguir “un compromiso de un banco de inversión para lanzar una oferta pública de venta de esa participación minoritaria”. Finalmente, la compañía debe dar garantías sobre su participación indirecta en Telecinco y Digital Plus.
El retraso en la ejecución de todos estos requisitos es lo que obliga a Prisa a pedir árnica. En la compañía hay pocas dudas de que las operaciones saldrán adelante, pero nunca antes del 30 de julio. De hecho, se manejan plazos incompatibles con las exigencias de los bancos. La votación de los accionistas de Liberty para decidir si entran en el capital de Prisa no se producirá antes de finales de agosto o principios de septiembre. Miguel País do Amaral, empresario portugués con quien Prisa negocia la venta de Media Capital, decía hace unos días que las negociaciones avanzaban despacio. Y las autoridades de Competencia tendrán en estudio la venta de Cuatro a Telecinco y la entrada de Telefónica y Mediaset en Digital Plus al menos hasta septiembre.
Nicolas Berggruen y Martin E. Franklin reduzcan sensiblemente su aportación al capital de Prisa, incluso por debajo de los 450 millones que pide la banca. Inicialmente estaba prevista una aportación de 900 millones de dólares (casi 700 millones de euros).
Como ha explicado este diario, los accionistas de la sociedad americana tienen diferentes vías para bloquear o salirse del acuerdo. Para empezar, si en la votación un 30% de los socios exige el reembolso de su aportación, la operación queda automáticamente anulada. En caso de que la propuesta se apruebe, quienes hayan votado en contra tienen derecho a exigir que se les devuelva su inversión inicial. En ese caso, la salida de liquidez podría activar la condición resolutoria de mantener en el balance al menos 900 millones de dólares. La clave está en que a los accionistas de la sociedad americana no les compense más la disolución de Liberty que la transacción con Prisa.
Y para eso no hay otro camino que mejorar la ecuación de canje. Es más, a día de hoy la acción de Prisa hace “técnicamente inviable” el acuerdo. Prisa cerró ayer en 2,150, un 35% por debajo del precio al que cotizaba el día que se anunció la operación el 5 de marzo. Según un estudio de JB Capital Markets, el precio de break-even en las actuales condiciones estaría entre 2,5 y 2,6 euros por título. “Franklin no puede vender a sus accionistas que hay que pagar la acción a tres cuando vale dos. Liberty podría hacerse con una participación mayor por el mismo dinero y los Polanco diluirse aún más. Esa es una solución”, aseguran recientemente a este diario fuentes del mercado. Fuentes próximas a las negociaciones aseguran que la operación está garantizada, pero insisten en requerirá un nuevo diseño.
Prisa | Liberty Acquisitions Holdings | HSBC | deuda | Media Capital Enviar Leer más tarde Comentar Imprimir RSS 11 Facebook 12 Twitter Menéame OTRAS NOTICIAS
Oliart retrasa un año el recorte de hasta 60 directivos en RTVE
El top manta cae un 50% en 2009 por culpa de las descargas de Internet
Oliart se enfrenta "a gritos" con el Consejo de Administración por el sueldo de los directivos
La Comisión Europea aprueba el nuevo sistema fiscal de financiación de RTVE
Prisa perderá sus canales de pago en TDT si vende su participación en Telecinco
COMUNIDAD
COMENTARIO DESTACADO
Hace 28 años que llegó Felipe al poder. De ellos 20 ha gobernado el POSE y 8 escasos el PP. Al Psoe le quedan, para más inri, otros...
patasarriba
Deja tu comentarioBUSCAR USUARIOS
Ver directorio de usuarios
Juan Luis Cebrián (i) junto a Ignacio de Polanco en la Junta General de Accionistas (EFE).
(5/5 | 2 votos) | Compartir
| Deja tu comentario | 3 Comentarios
@D.Toledo/A.Marco.- 27/07/2010 (06:00h)
La paciencia de la banca con Prisa no se agota. Los Polanco negocian con sus bancos acreedores ampliar en cuatro meses el plazo que le dieron a la compañía para cumplir con las condiciones impuestas para la reestructuración de su deuda. “El HSBC está por la labor de liderar un waiver del 30 de julio al 30 de noviembre”, aseguran fuentes financieras. Es territorio conocido por el grupo, que ya logró en 2008 y 2009 sendas prórrogas al vencimiento de su crédito puente. La deuda a 30 de junio ascendía a 4.747,95 millones de euros
Prisa anunciaba el pasado 22 de febrero que había firmado un acuerdo de principios con sus bancos acreedores (HSBC, Santander, Banesto, Caja Madrid, La Caixa, BNP Paribas y Natixis) para extender en tres años el vencimiento del crédito puente, suscrito en diciembre de 2007 con objeto de financiar la opa por el 100% de Sogecable. El acuerdo quedaba condicionado a la reestructuración de su préstamo sindicado. El 'sí' de las cerca de 40 entidades financieras implicadas en ese crédito llegaba dos meses después tras vencerse la resistencia de los díscolos Caja Badajoz y Calyon. El deadline de toda la deuda quedaba fijado para mayo de 2013.
Ahora bien, como adelantó El Confidencial, esa refinanciación salvadora sólo se activa si se cumplen una serie de condiciones, tres de las cuales están en alero. La primera es lograr “una inyección de capital no inferior a 450 millones” en la operación que negocia con la sociedad americana Liberty Acquisition Holdings Corp. En segundo lugar, vender un porcentaje de su filial lusa, Media Capital, o al menos conseguir “un compromiso de un banco de inversión para lanzar una oferta pública de venta de esa participación minoritaria”. Finalmente, la compañía debe dar garantías sobre su participación indirecta en Telecinco y Digital Plus.
El retraso en la ejecución de todos estos requisitos es lo que obliga a Prisa a pedir árnica. En la compañía hay pocas dudas de que las operaciones saldrán adelante, pero nunca antes del 30 de julio. De hecho, se manejan plazos incompatibles con las exigencias de los bancos. La votación de los accionistas de Liberty para decidir si entran en el capital de Prisa no se producirá antes de finales de agosto o principios de septiembre. Miguel País do Amaral, empresario portugués con quien Prisa negocia la venta de Media Capital, decía hace unos días que las negociaciones avanzaban despacio. Y las autoridades de Competencia tendrán en estudio la venta de Cuatro a Telecinco y la entrada de Telefónica y Mediaset en Digital Plus al menos hasta septiembre.
Nicolas Berggruen y Martin E. Franklin reduzcan sensiblemente su aportación al capital de Prisa, incluso por debajo de los 450 millones que pide la banca. Inicialmente estaba prevista una aportación de 900 millones de dólares (casi 700 millones de euros).
Como ha explicado este diario, los accionistas de la sociedad americana tienen diferentes vías para bloquear o salirse del acuerdo. Para empezar, si en la votación un 30% de los socios exige el reembolso de su aportación, la operación queda automáticamente anulada. En caso de que la propuesta se apruebe, quienes hayan votado en contra tienen derecho a exigir que se les devuelva su inversión inicial. En ese caso, la salida de liquidez podría activar la condición resolutoria de mantener en el balance al menos 900 millones de dólares. La clave está en que a los accionistas de la sociedad americana no les compense más la disolución de Liberty que la transacción con Prisa.
Y para eso no hay otro camino que mejorar la ecuación de canje. Es más, a día de hoy la acción de Prisa hace “técnicamente inviable” el acuerdo. Prisa cerró ayer en 2,150, un 35% por debajo del precio al que cotizaba el día que se anunció la operación el 5 de marzo. Según un estudio de JB Capital Markets, el precio de break-even en las actuales condiciones estaría entre 2,5 y 2,6 euros por título. “Franklin no puede vender a sus accionistas que hay que pagar la acción a tres cuando vale dos. Liberty podría hacerse con una participación mayor por el mismo dinero y los Polanco diluirse aún más. Esa es una solución”, aseguran recientemente a este diario fuentes del mercado. Fuentes próximas a las negociaciones aseguran que la operación está garantizada, pero insisten en requerirá un nuevo diseño.
domingo, 11 de julio de 2010
Panrico a la quiebra
ECONOMÍA
La banca se queda con el pastel
Los donuts cambian de dedo. Con un agujero de 605 millones, Panrico acaba en manos de sus entidades acreedoras
F. PÉREZ / MADRID
Día 10/07/2010
3 COMENTARIOS
Cambio de receta, y presentada en nuevo envase. Sin demasiadas opciones plausibles para la venta o la refinanciación en el actual contexto económico, el fondo británico de capital riesgo Apax Partner se ha resignado finalmente a dejar a medio cocinar su proyecto inversor en Panrico, que pasará ahora a estar controlada casi en su totalidad por la banca acreedora. Tras varios meses de negociaciones, el grupo alimentario ha alcanzado esta semana un principio de acuerdo con las distintas entidades financieras a las que debe 605 millones de euros. Entre los acreedores están Caja Madrid, ING o La Caixa, aunque la deuda está tan repartida que los nuevos dueños de los donuts y el bollycao rondan el centenar.
La capitalización de ese pasivo permitirá a Panrico rebajar su agujero hasta los 350 millones. La operación, que se sellará antes de que acabe el mes, y cuyos flecos legales no irán en todo caso más allá de septiembre, implica también que el plazo de devolución de la deuda se alargue una media de dos años, hasta finales de 2015. Y como ingrediente extra, incluye una inyección de 30 millones adicionales que permitirán a la compañía moldear con más calma el futuro inmediato. Además, se realizará una ampliación de capital por 288 millones para convertir los créditos participativos en fondos propios.
Se consuma así la fecha de caducidad del relumbrante proyecto que arrancó en 2005, cuando Apax Partner compró Panrico por 900 millones a la familia Costafreda, La Caixa y el Banco de Sabadell. En plena época de crecimiento, el crédito fluía y, a su rebufo, se planificó un auda plan de expansión que debería tener como colofón la salida a Bolsa. Ambición no faltó. En la primavera de 2008, Panrico se hacía con el negocio de galletas de Artiach, que completaba su cartera de marcas con referencias como Chiquilín, Artinata, Princesa o Marbú. El año pasado, la firma de inversión británica engullía a La Bella Easo, cuyo futuro es ahora una incógnita.
Pero las adquisiciones también llegaron acompañadas de desinversiones, la más significativa, la venta de las fábricas en China y Grecia, además de varios inmuebles en distintos puntos de la geografía nacional. Y en esas, la crisis comenzó a devorar y a amargar las previsiones más dulces. El consumo se desplomó y las marcas blancas empezaron a mordisquear los cimientos del sector. Panrico no fue inmune a la situación, y en las cuentas de 2008, las últimas publicadas, el grupo registró unas perdidas consolidadas de 5,8 millones. Varios préstamos participativos inyectados por Apax ayudaron a estabilizar los números. Pero ahora el horno se ha cerrado, y el escenario es completamente nuevo. E imprevisible.
De momento, la continuidad del actual equipo directivo, encabezado desde principios de año por Cesar Bardají, parece asegurada. Fuentes de la compañía afirmaron a este periódico que su prioridad es «apostar por un crecimiento orgánico», pero sin dejar de aprovechar el «músculo financiero» de los nuevos dueños para afrontar adquisiciones. «Si hay alguna oportunidad, la aprovecharemos», recalcan. Y no habrá «oído cocina» con las marcas blancas. «No son ni la primera ni la segunda prioridad. Queremos apostar por reforzar nuestras marcas, que son un valor seguro». En el horizonte, el viejo anhelo de Apax: «Salir a Bolsa en cuatro o cinco años es perfectamente posible», sentencian.
La banca se queda con el pastel
Los donuts cambian de dedo. Con un agujero de 605 millones, Panrico acaba en manos de sus entidades acreedoras
F. PÉREZ / MADRID
Día 10/07/2010
3 COMENTARIOS
Cambio de receta, y presentada en nuevo envase. Sin demasiadas opciones plausibles para la venta o la refinanciación en el actual contexto económico, el fondo británico de capital riesgo Apax Partner se ha resignado finalmente a dejar a medio cocinar su proyecto inversor en Panrico, que pasará ahora a estar controlada casi en su totalidad por la banca acreedora. Tras varios meses de negociaciones, el grupo alimentario ha alcanzado esta semana un principio de acuerdo con las distintas entidades financieras a las que debe 605 millones de euros. Entre los acreedores están Caja Madrid, ING o La Caixa, aunque la deuda está tan repartida que los nuevos dueños de los donuts y el bollycao rondan el centenar.
La capitalización de ese pasivo permitirá a Panrico rebajar su agujero hasta los 350 millones. La operación, que se sellará antes de que acabe el mes, y cuyos flecos legales no irán en todo caso más allá de septiembre, implica también que el plazo de devolución de la deuda se alargue una media de dos años, hasta finales de 2015. Y como ingrediente extra, incluye una inyección de 30 millones adicionales que permitirán a la compañía moldear con más calma el futuro inmediato. Además, se realizará una ampliación de capital por 288 millones para convertir los créditos participativos en fondos propios.
Se consuma así la fecha de caducidad del relumbrante proyecto que arrancó en 2005, cuando Apax Partner compró Panrico por 900 millones a la familia Costafreda, La Caixa y el Banco de Sabadell. En plena época de crecimiento, el crédito fluía y, a su rebufo, se planificó un auda plan de expansión que debería tener como colofón la salida a Bolsa. Ambición no faltó. En la primavera de 2008, Panrico se hacía con el negocio de galletas de Artiach, que completaba su cartera de marcas con referencias como Chiquilín, Artinata, Princesa o Marbú. El año pasado, la firma de inversión británica engullía a La Bella Easo, cuyo futuro es ahora una incógnita.
Pero las adquisiciones también llegaron acompañadas de desinversiones, la más significativa, la venta de las fábricas en China y Grecia, además de varios inmuebles en distintos puntos de la geografía nacional. Y en esas, la crisis comenzó a devorar y a amargar las previsiones más dulces. El consumo se desplomó y las marcas blancas empezaron a mordisquear los cimientos del sector. Panrico no fue inmune a la situación, y en las cuentas de 2008, las últimas publicadas, el grupo registró unas perdidas consolidadas de 5,8 millones. Varios préstamos participativos inyectados por Apax ayudaron a estabilizar los números. Pero ahora el horno se ha cerrado, y el escenario es completamente nuevo. E imprevisible.
De momento, la continuidad del actual equipo directivo, encabezado desde principios de año por Cesar Bardají, parece asegurada. Fuentes de la compañía afirmaron a este periódico que su prioridad es «apostar por un crecimiento orgánico», pero sin dejar de aprovechar el «músculo financiero» de los nuevos dueños para afrontar adquisiciones. «Si hay alguna oportunidad, la aprovecharemos», recalcan. Y no habrá «oído cocina» con las marcas blancas. «No son ni la primera ni la segunda prioridad. Queremos apostar por reforzar nuestras marcas, que son un valor seguro». En el horizonte, el viejo anhelo de Apax: «Salir a Bolsa en cuatro o cinco años es perfectamente posible», sentencian.
martes, 8 de junio de 2010
Las concursadas obtienen certificados indebidos
Las concursadas obtienen certificados indebidos
Los ayuntamientos tiran la casa por la ventana
Las empresas están usando de forma abusiva la llamada cláusula de Especial Importancia para la Economía, regulada en el artículo 100.1 de la Ley Concursal, según ha denunciado Ángel Rojo, catedrático de DerechoMercantil.
"Cualquier concejal de cualquier ayuntamiento puede certificar que una empresa es de especial importancia para la economía de su beneficio para superar los límites establecidos por la Ley para la propuesta de convenio". Por ello, abogó por cambiar el texto en la reforma de la Ley Concursal, afirmó Rojo durante su intervención en una Jornada organizada, por el Ministerio de Justicia, la Universidad San Pablo-CEU y la firma de abogados mercantiles Pluta Gmbh.
Los concursados buscan con ello sobrepasar en las proposiciones de quita de créditos ordinarios, la limitación de no superar la mitad del importe de cada uno de ellos, y los cinco años establecidos como plazo máximo a partir de la firmeza de la resolución judicial para que se apruebe el convenio.
Esta cláusula se incluyó en 2009 con la reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, y en ella se dice que en el concurso de empresas cuya actividad pueda tener especial trascendencia para la economía, siempre que lo contemple el plan de viabilidad que se presente, el juez podrá, a solicitud de parte y con carácter extraordinario, autorizar la superación de esos límites.
Los cambios
La solución pasa por redactar en la futura ley una definición clara y concisa del ámbito para el que se considera que debe ser de especial importancia para la economía, que en los primeros pasos de la reforma legislativa de 2009 era el nacional y no elmunicipal.
Rojo abogó por reducir las autorizaciones emitidas por los jueces, dotar demayores facultades a los administradores concursales y establecer procedimientos extrajudiciales, para que el deudor negocie con los bancos que no haya ejecuciones en un en un tiempo para negociar el convenio.
Finalmente, Rojo propuso que se resuelvan los actuales problemas con las garantías solidarias y con los actos rescisorios. En el primer caso en las dominantes existe un pasivo indirecto, que es consecuencia de las garantías concedidas a las sociedades del grupo y éstas no deberían entrar en concurso. En el segundo, debería poder rescindirse cada operación de crédito entre dominante y dominada y no hacerlo, como ahora, acto por acto
Los ayuntamientos tiran la casa por la ventana
Las empresas están usando de forma abusiva la llamada cláusula de Especial Importancia para la Economía, regulada en el artículo 100.1 de la Ley Concursal, según ha denunciado Ángel Rojo, catedrático de DerechoMercantil.
"Cualquier concejal de cualquier ayuntamiento puede certificar que una empresa es de especial importancia para la economía de su beneficio para superar los límites establecidos por la Ley para la propuesta de convenio". Por ello, abogó por cambiar el texto en la reforma de la Ley Concursal, afirmó Rojo durante su intervención en una Jornada organizada, por el Ministerio de Justicia, la Universidad San Pablo-CEU y la firma de abogados mercantiles Pluta Gmbh.
Los concursados buscan con ello sobrepasar en las proposiciones de quita de créditos ordinarios, la limitación de no superar la mitad del importe de cada uno de ellos, y los cinco años establecidos como plazo máximo a partir de la firmeza de la resolución judicial para que se apruebe el convenio.
Esta cláusula se incluyó en 2009 con la reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, y en ella se dice que en el concurso de empresas cuya actividad pueda tener especial trascendencia para la economía, siempre que lo contemple el plan de viabilidad que se presente, el juez podrá, a solicitud de parte y con carácter extraordinario, autorizar la superación de esos límites.
Los cambios
La solución pasa por redactar en la futura ley una definición clara y concisa del ámbito para el que se considera que debe ser de especial importancia para la economía, que en los primeros pasos de la reforma legislativa de 2009 era el nacional y no elmunicipal.
Rojo abogó por reducir las autorizaciones emitidas por los jueces, dotar demayores facultades a los administradores concursales y establecer procedimientos extrajudiciales, para que el deudor negocie con los bancos que no haya ejecuciones en un en un tiempo para negociar el convenio.
Finalmente, Rojo propuso que se resuelvan los actuales problemas con las garantías solidarias y con los actos rescisorios. En el primer caso en las dominantes existe un pasivo indirecto, que es consecuencia de las garantías concedidas a las sociedades del grupo y éstas no deberían entrar en concurso. En el segundo, debería poder rescindirse cada operación de crédito entre dominante y dominada y no hacerlo, como ahora, acto por acto
lunes, 7 de junio de 2010
Marina d'Or solicita a la banca créditos por 60 millones para sortear el concurso
Marina d'Or solicita a la banca créditos por 60 millones para sortear el concurso
Marina D'Or tiene que refinanciar su deuda
Amenaza tormenta en la Ciudad de Vacaciones. Marina d'Or recorre actualmente las entidades financieras con el objetivo de lograr unos 60 millones que den un poco de oxígeno al grupo. Según aseguran fuentes financieras, necesita ese dinero para sobrevivir y si no se iría a concurso de acreedores.
Y el problema es más gordo todavía si se pregunta a esas entidades hacia qué lado inclinan su balanza. La gran mayoría no tiene en mente realizar el esfuerzo que necesita el grupo turístico, aseguran las mismas fuentes.
Consideran que dar apoyo financiero a un proyecto que se encuentra en núcleos urbanos es una cosa, y otra, ayudar a un claro ejemplo de la burbuja inmobiliaria situado en una playa en la que además, el grupo ha dado marcha atrás en la construcción de algunos de sus edificios en Torre la Sal, un pueblo de pescadores en Cabanes (Castellón).
Deuda de 798 millones
Según las últimas cuentas consolidadas que presentó la compañía, del ejercicio 2008, la deuda total del grupo asciende a 798 millones y en el año 2010 tendría que hacer frente a un pago de 38,39 millones. Esta cuota aumenta sucesivamente en los siguientes años. En 2011 la deuda a abonar sería de 51,5 millones; en 2012 alcanzaría los 64,6 millones; al año siguiente superaría los 79 millones y, a partir de 2014 harían frente a los 492,8 millones restantes hasta cubrir la deuda total (ver gráfico).
Marina d'Or reconoce que está buscando financiación, pero explica que la cifra de 60 millones "no es definitiva, ya que estamos valorando distintas posibilidades con diversos grupos inversores y entidades financieras". Por otro lado, asegura que el dinero no es "para su subsistencia, sino para poner en marcha nuevos negocios y propuestas que nos permitan superar este largo periodo de crisis de la mejor manera posible". Además, explica que "el grupo lleva tiempo adecuando su dimensión y sus gastos a la actual situación económica y abriendo mercados y sectores donde hay posibilidades". Este sería el caso, por ejemplo, de las nuevas empresas que ha constituido para explorar el sector de las energías renovables.
Por otro lado, el grupo turístico manifiesta que está muy ilusionado en comenzar el proyecto de Marina d'Or Golf, pero advierte que "si bien en el periodo de bonanza la empresa era capaz por sí misma de generar la cantidad de dinero necesaria para ese macro proyecto con sus propios recursos, la actual coyuntura nos obliga a buscar financiación".
Futuro incierto
Pero, a pesar de las buenas intenciones, lo cierto es que la compañía tiene un futuro difícil por delante. Deloitte, el auditor de las cuentas del grupo, ya advirtió que su futuro depende de que haya un acuerdo de refinanciación.
Además, apunta en sus conclusiones la necesidad de liquidez al explicar que "en esta situación, la capacidad del grupo para realizar sus activos dependerá del éxito del plan de negocio establecido, de las operaciones futuras y del mantenimiento del apoyo financiero necesario".
En caso de un fatal desenlace de todo el proceso, las entidades que se verían más comprometidas serían, en primer lugar, el Banco Popular, al que el grupo adeuda unos 200 millones; el Pastor, que soporta unos 80 millones; Caja Madrid, con 65 millones; Bancaja, cuya exposición está cerca de 60 millones; el Sabadell con 50 millones; y el Santander, BBVA y La Caixa, con menos de 80 millones. Además, en la deuda se encuentran otros 20 bancos y cajas con importes inferiores.
La esperanza
No obstante, la refinanciación que Marina d'Or logró a principios de 2009 da esperanzas al grupo turístico. Durante el primer semestre del pasado ejercicio la compañía que preside Jesús Ger formalizó ya una operación de este tipo 116,6 millones. A 31 de diciembre de 2008, el endeudamiento bancario total ascendía a 798 millones.
Marina d'Or se defiende y destaca que, al margen de la deuda, su situación financiera es saludable, entre otras razones porque "contamos con activos libres de toda carga por 2.700 millones".
Marina D'Or tiene que refinanciar su deuda
Amenaza tormenta en la Ciudad de Vacaciones. Marina d'Or recorre actualmente las entidades financieras con el objetivo de lograr unos 60 millones que den un poco de oxígeno al grupo. Según aseguran fuentes financieras, necesita ese dinero para sobrevivir y si no se iría a concurso de acreedores.
Y el problema es más gordo todavía si se pregunta a esas entidades hacia qué lado inclinan su balanza. La gran mayoría no tiene en mente realizar el esfuerzo que necesita el grupo turístico, aseguran las mismas fuentes.
Consideran que dar apoyo financiero a un proyecto que se encuentra en núcleos urbanos es una cosa, y otra, ayudar a un claro ejemplo de la burbuja inmobiliaria situado en una playa en la que además, el grupo ha dado marcha atrás en la construcción de algunos de sus edificios en Torre la Sal, un pueblo de pescadores en Cabanes (Castellón).
Deuda de 798 millones
Según las últimas cuentas consolidadas que presentó la compañía, del ejercicio 2008, la deuda total del grupo asciende a 798 millones y en el año 2010 tendría que hacer frente a un pago de 38,39 millones. Esta cuota aumenta sucesivamente en los siguientes años. En 2011 la deuda a abonar sería de 51,5 millones; en 2012 alcanzaría los 64,6 millones; al año siguiente superaría los 79 millones y, a partir de 2014 harían frente a los 492,8 millones restantes hasta cubrir la deuda total (ver gráfico).
Marina d'Or reconoce que está buscando financiación, pero explica que la cifra de 60 millones "no es definitiva, ya que estamos valorando distintas posibilidades con diversos grupos inversores y entidades financieras". Por otro lado, asegura que el dinero no es "para su subsistencia, sino para poner en marcha nuevos negocios y propuestas que nos permitan superar este largo periodo de crisis de la mejor manera posible". Además, explica que "el grupo lleva tiempo adecuando su dimensión y sus gastos a la actual situación económica y abriendo mercados y sectores donde hay posibilidades". Este sería el caso, por ejemplo, de las nuevas empresas que ha constituido para explorar el sector de las energías renovables.
Por otro lado, el grupo turístico manifiesta que está muy ilusionado en comenzar el proyecto de Marina d'Or Golf, pero advierte que "si bien en el periodo de bonanza la empresa era capaz por sí misma de generar la cantidad de dinero necesaria para ese macro proyecto con sus propios recursos, la actual coyuntura nos obliga a buscar financiación".
Futuro incierto
Pero, a pesar de las buenas intenciones, lo cierto es que la compañía tiene un futuro difícil por delante. Deloitte, el auditor de las cuentas del grupo, ya advirtió que su futuro depende de que haya un acuerdo de refinanciación.
Además, apunta en sus conclusiones la necesidad de liquidez al explicar que "en esta situación, la capacidad del grupo para realizar sus activos dependerá del éxito del plan de negocio establecido, de las operaciones futuras y del mantenimiento del apoyo financiero necesario".
En caso de un fatal desenlace de todo el proceso, las entidades que se verían más comprometidas serían, en primer lugar, el Banco Popular, al que el grupo adeuda unos 200 millones; el Pastor, que soporta unos 80 millones; Caja Madrid, con 65 millones; Bancaja, cuya exposición está cerca de 60 millones; el Sabadell con 50 millones; y el Santander, BBVA y La Caixa, con menos de 80 millones. Además, en la deuda se encuentran otros 20 bancos y cajas con importes inferiores.
La esperanza
No obstante, la refinanciación que Marina d'Or logró a principios de 2009 da esperanzas al grupo turístico. Durante el primer semestre del pasado ejercicio la compañía que preside Jesús Ger formalizó ya una operación de este tipo 116,6 millones. A 31 de diciembre de 2008, el endeudamiento bancario total ascendía a 798 millones.
Marina d'Or se defiende y destaca que, al margen de la deuda, su situación financiera es saludable, entre otras razones porque "contamos con activos libres de toda carga por 2.700 millones".
Siguen los Concursos
Son los efectos del tsunami de la crisis financiera que golpea a España. En el último año, más de 5.800 empresas se han declarado en concurso de acreedores, el doble que en 2008. Y la cifra, lejos de remitir, puede dispararse aún más en los próximos meses.
Según los expertos, son muchas sociedades las que hace uno o dos años tuvieron que renegociar al límite su deuda con la banca para evitar el concurso, y que ahora, lejos de superar las estrecheces y con los brotes verdes cada vez más secos, se ven abocadas de nuevo a suspender el pago a sus acreedores.
La construcción y el mercado inmobiliario siguen siendo las estrellas concursales -representan el 34% de todos los procesos incoados en el último ejercicio-, aunque la crisis ha comenzado a atacar ya con fuerza a otros sectores distintos, como la industria pesada, la automoción o incluso la distribución alimentaria y textil.
Las estafas se disparan
Con cada vez mayor número de empresas al borde de la ruina, es ahora además cuando aparece un segundo problema aún más grave si cabe: el de los fraudes. Para desgracia de los acreedores, son casos cada vez más comunes, al menos por lo que se puede ver en los juzgados. El grupo Nozar, la filial hotelera de Aifos o las constructoras Astunosa, Edisan y Obrum son algunas de las empresas que han sido denunciadas ante los tribunales por presunta estafa y fraude en los concursos.
La forma de operar es siempre la misma: se desvía el dinero de la caja a otras sociedades del grupo días antes de declarar el concurso para intentar ocultar el patrimonio, se emiten facturas y pagarés cuando se sabe ya que no se van a poder atender o, simplemente, se aplican de forma fraudulenta los créditos. Es el timo de la estampita del siglo XXI.
Y no es una cuestión baladí. Un informe elaborado por PricewaterhouseCoopers ha detectado que en España existe una mayor correlación entre la crisis económica y el fraude que en el resto de países de nuestro entorno. Prueba de ello es que el 53% de los directivos encuestados para la realización del estudio ha declarado que el número de delitos en nuestro país se ha incrementado respecto al año anterior, frente al 40% que opina igual en Europa o el 43% a nivel mundial.
El estudio identifica el riesgo de fraude con la disminución de los recursos humanos y su focalización hacia áreas "más relevantes" , además de la falta de medios económicos. Pero podría haber muchas más razones. Tenerlo todo y ver que de la noche a la mañana se puede perder conduce a más de un empresario a una situación límite.
Según los expertos, son muchas sociedades las que hace uno o dos años tuvieron que renegociar al límite su deuda con la banca para evitar el concurso, y que ahora, lejos de superar las estrecheces y con los brotes verdes cada vez más secos, se ven abocadas de nuevo a suspender el pago a sus acreedores.
La construcción y el mercado inmobiliario siguen siendo las estrellas concursales -representan el 34% de todos los procesos incoados en el último ejercicio-, aunque la crisis ha comenzado a atacar ya con fuerza a otros sectores distintos, como la industria pesada, la automoción o incluso la distribución alimentaria y textil.
Las estafas se disparan
Con cada vez mayor número de empresas al borde de la ruina, es ahora además cuando aparece un segundo problema aún más grave si cabe: el de los fraudes. Para desgracia de los acreedores, son casos cada vez más comunes, al menos por lo que se puede ver en los juzgados. El grupo Nozar, la filial hotelera de Aifos o las constructoras Astunosa, Edisan y Obrum son algunas de las empresas que han sido denunciadas ante los tribunales por presunta estafa y fraude en los concursos.
La forma de operar es siempre la misma: se desvía el dinero de la caja a otras sociedades del grupo días antes de declarar el concurso para intentar ocultar el patrimonio, se emiten facturas y pagarés cuando se sabe ya que no se van a poder atender o, simplemente, se aplican de forma fraudulenta los créditos. Es el timo de la estampita del siglo XXI.
Y no es una cuestión baladí. Un informe elaborado por PricewaterhouseCoopers ha detectado que en España existe una mayor correlación entre la crisis económica y el fraude que en el resto de países de nuestro entorno. Prueba de ello es que el 53% de los directivos encuestados para la realización del estudio ha declarado que el número de delitos en nuestro país se ha incrementado respecto al año anterior, frente al 40% que opina igual en Europa o el 43% a nivel mundial.
El estudio identifica el riesgo de fraude con la disminución de los recursos humanos y su focalización hacia áreas "más relevantes" , además de la falta de medios económicos. Pero podría haber muchas más razones. Tenerlo todo y ver que de la noche a la mañana se puede perder conduce a más de un empresario a una situación límite.
jueves, 3 de junio de 2010
“El dinero está en las insolvencias
“El dinero está en las insolvencias”. Esta idea, que es moneda corriente en los últimos tiempos en el mundo jurídico, viene ampliamente avalada por los excesos de los abogados corporativos anglosajones dedicados a reestructuraciones. Hay firmas que facturan cientos de dólares la hora y pasan hojas de gastos (o más bien caprichos) de representación suntuarios. Es decir, si alguien está haciendo dinero con la quiebra de empresas como Lehmann, ésos son ellos.
La realidad española es otra, avisa Antonio Fernández, socio responsable del área de reestructuraciones y concursal del bufete Garrigues, ya que aquí las facturas no alcanzan aquellos importes. Sin embargo, eso no significa que hablemos de honorarios asequibles. “Aquí no manejamos los pelotazos de EEUU, pero hay que tener en cuenta que el abogado reestructurador entra con un equipo de médicos que van a hacerse cargo de todas las áreas y en el cual el deudor pone toda su confianza. Y eso tiene un coste. Ganamos bastante, sí, pero está plenamente justificado”.
Entre otros motivos, señala Fernández, porque este es “un trabajo estresante en el que has de tener mucha inteligencia para decidir con acierto en pocos minutos las consultas que el cliente te hace. Si te pregunta si puede o no vender una parte de la empresa, darle una contestación acertada o equivocada puede suponerle salvar su empresa o ir a la cárcel. Es mucha responsabilidad la que te echas encima”. Además, se trata de un trabajo que exige mucha especialización, “ya que has de estar todo el día estudiando y al tanto de criterios jurisprudenciales”.
En todo caso, estén o no justificadas, esas elevadas retribuciones han acabado atrayendo a un buen número de despachos que han entrado a trabajar en un sector hasta ahora copado por unas cuantas grandes firmas. Sin embargo, como afirma Fernández, este parece más un asunto coyuntural, causado por la crisis, que algo definitivo. “Las aguas volverán a su cauce. Esta es un área cíclica, de modo que para dedicarse profesionalmente a ella has de estar en un despacho grande que te permita seguir cuando pase la crisis. Desde 2003 hemos contados en nuestro despacho con una práctica muy estabilizada, con dos o tres grandes temas anuales, que son los que te permiten seguir en el sector”. Hasta ahora, asegura, los despachos que se dedicaban habitualmente a reestructuraciones eran tan sólo un puñado -“Gómez Acebo, Uría, Cuatrecasas, nosotros y poco más”- y así será en el futuro: “Cuando acabe la crisis, quedaremos los mismos”.
Sea o no circunstancial la competencia, lo cierto es que está forzando a realizar cambios. Así, Gómez Acebo & Pombo ha puesto en marcha una nueva área de reestructuraciones que integra abogados de mercantil, procesal y laboral, con un doble objetivo. De una parte, frenar la competencia con una apuesta más amplia, que dé un servicio más atractivo; de otra intentar aprovechar las posibilidades que se abren en el sector, sobre todo en lo que se refiere a compraventas de empresa dentro del marco concursal, ya que la firma considera que este va a ser uno de los productos estrella del sector.
Por eso ha puesto al frente a un mercantilista, José María Álvarez Arjona, de cara a potenciar lo transaccional frente a lo litigioso. “El mercado de los insolvencias”, asegura, “está cambiando. Ya no van a terminar el 95% de los procesos con la liquidación de la compañía, como ocurría antes, sino que vamos a ir hacia otros escenarios en los que harán falta menos abogados procesalistas y más mercantilistas. Por eso hablamos de reestructuración, ya que la tendencia apunta a que se realizarán muchas más compraventas de unidades de empresas en este marco de insolvencia o de falta de liquidez”.
Hasta ahora, las dificultades para vender partes de la empresa con las que pagar las deudas era grande, toda vez que “el deterioro de los activos de las grandes compañías, el funcionamiento lento de los juzgados y la falta de experiencia de los administradores concursales, no ayudaban en absoluto a buscar la mejor solución”. Pero ahora concurren varios aspectos que vienen a invertir la situación. Entre ellos aparecen en lugar destacado los efectos de la última reforma de la ley concursal en lo referido a la liquidación anticipada. Así lo asegura Fernández: “antes, podía ocurrir que llegase un inversor, comprase una sociedad o parte de ella, se aplicase para resolver sus problemas, por ejemplo solucionando un exceso de mano de obra o de producción, y que después, una vez reestructurada, se la quitasen por retroacción.
Eso hacía que las empresas se lo pensasen mucho antes de dar un paso aunque el negocio les pudiera parecer muy interesante”. Hoy, por el contrario, “si te la vende el juez en el marco de una quiebra como liquidación anticipada, tienes la seguridad completa de que nadie te lo va a quitar. Eso es lo que permite la reforma de 2009: si la empresa se pone en concurso y solicita liquidación anticipada, hay un comprador para algunos activos y paga un precio razonable, el juez puede efectuar la venta con seguridad para todas las partes”.
Fondos extranjeros en busca de gangas
En segundo lugar, estamos en un momento en el que están apareciendo algunas oportunidades provechosas de compra. “Dado que las empresas en liquidación no están teniendo salida y la situación está deteriorada”, afirma Álvarez Arjona, “el precio comienza a resultar interesante, por lo que están entrando fondos dedicados a compañías en situación de insolvencia. Hay mucho fondo internacional especializado y España se está convirtiendo en un buen mercado para ellos. Nos están mandando mensajes muy claros”.
Según Fernández, “desde hace seis o siete meses hay un montón de fondos extranjeros que están muy atentos a lo que pasa en nuestro país”. Una de las empresas por las que preguntan, es Marsans, “ya que ha funcionado bien hasta hace poco, lo que lleva a pensar a algunos inversores que si llegan con liquidez pueden reflotar la compañía con un coste bajo y hacerse así con un buen negocio”. Aunque el mejor ejemplo de estas operaciones de reestructuración ha sido, señala Álvarez Arjona, la compra por la sociedad de inversión Thesan, controlada por el fondo japonés Nomura, de Tiendas Aurgi.
Sin embargo, la verdadera oportunidad de negocio, asegura Álvarez Arjona, se encuentra, mucho más que en los fondos, en las empresas industriales. “Muchas de ellas se están dando cuenta de que les puede salir rentable adquirir activos de competidores que se han metido en problemas. Hay fábricas paradas, por ejemplo, que se pueden comprar a buen precio”. Y, reitera, los riesgos que se asumen en el marco concursal están ya muy medidos. “Las insolvencias han tenido mala imagen en España, pero ya no funcionamos con la antigua ley de suspensión de pagos ni con los antiguos jueces generalistas. Los problemas con los procedimientos concursales son una leyenda negra que está cambiando”.
La realidad española es otra, avisa Antonio Fernández, socio responsable del área de reestructuraciones y concursal del bufete Garrigues, ya que aquí las facturas no alcanzan aquellos importes. Sin embargo, eso no significa que hablemos de honorarios asequibles. “Aquí no manejamos los pelotazos de EEUU, pero hay que tener en cuenta que el abogado reestructurador entra con un equipo de médicos que van a hacerse cargo de todas las áreas y en el cual el deudor pone toda su confianza. Y eso tiene un coste. Ganamos bastante, sí, pero está plenamente justificado”.
Entre otros motivos, señala Fernández, porque este es “un trabajo estresante en el que has de tener mucha inteligencia para decidir con acierto en pocos minutos las consultas que el cliente te hace. Si te pregunta si puede o no vender una parte de la empresa, darle una contestación acertada o equivocada puede suponerle salvar su empresa o ir a la cárcel. Es mucha responsabilidad la que te echas encima”. Además, se trata de un trabajo que exige mucha especialización, “ya que has de estar todo el día estudiando y al tanto de criterios jurisprudenciales”.
En todo caso, estén o no justificadas, esas elevadas retribuciones han acabado atrayendo a un buen número de despachos que han entrado a trabajar en un sector hasta ahora copado por unas cuantas grandes firmas. Sin embargo, como afirma Fernández, este parece más un asunto coyuntural, causado por la crisis, que algo definitivo. “Las aguas volverán a su cauce. Esta es un área cíclica, de modo que para dedicarse profesionalmente a ella has de estar en un despacho grande que te permita seguir cuando pase la crisis. Desde 2003 hemos contados en nuestro despacho con una práctica muy estabilizada, con dos o tres grandes temas anuales, que son los que te permiten seguir en el sector”. Hasta ahora, asegura, los despachos que se dedicaban habitualmente a reestructuraciones eran tan sólo un puñado -“Gómez Acebo, Uría, Cuatrecasas, nosotros y poco más”- y así será en el futuro: “Cuando acabe la crisis, quedaremos los mismos”.
Sea o no circunstancial la competencia, lo cierto es que está forzando a realizar cambios. Así, Gómez Acebo & Pombo ha puesto en marcha una nueva área de reestructuraciones que integra abogados de mercantil, procesal y laboral, con un doble objetivo. De una parte, frenar la competencia con una apuesta más amplia, que dé un servicio más atractivo; de otra intentar aprovechar las posibilidades que se abren en el sector, sobre todo en lo que se refiere a compraventas de empresa dentro del marco concursal, ya que la firma considera que este va a ser uno de los productos estrella del sector.
Por eso ha puesto al frente a un mercantilista, José María Álvarez Arjona, de cara a potenciar lo transaccional frente a lo litigioso. “El mercado de los insolvencias”, asegura, “está cambiando. Ya no van a terminar el 95% de los procesos con la liquidación de la compañía, como ocurría antes, sino que vamos a ir hacia otros escenarios en los que harán falta menos abogados procesalistas y más mercantilistas. Por eso hablamos de reestructuración, ya que la tendencia apunta a que se realizarán muchas más compraventas de unidades de empresas en este marco de insolvencia o de falta de liquidez”.
Hasta ahora, las dificultades para vender partes de la empresa con las que pagar las deudas era grande, toda vez que “el deterioro de los activos de las grandes compañías, el funcionamiento lento de los juzgados y la falta de experiencia de los administradores concursales, no ayudaban en absoluto a buscar la mejor solución”. Pero ahora concurren varios aspectos que vienen a invertir la situación. Entre ellos aparecen en lugar destacado los efectos de la última reforma de la ley concursal en lo referido a la liquidación anticipada. Así lo asegura Fernández: “antes, podía ocurrir que llegase un inversor, comprase una sociedad o parte de ella, se aplicase para resolver sus problemas, por ejemplo solucionando un exceso de mano de obra o de producción, y que después, una vez reestructurada, se la quitasen por retroacción.
Eso hacía que las empresas se lo pensasen mucho antes de dar un paso aunque el negocio les pudiera parecer muy interesante”. Hoy, por el contrario, “si te la vende el juez en el marco de una quiebra como liquidación anticipada, tienes la seguridad completa de que nadie te lo va a quitar. Eso es lo que permite la reforma de 2009: si la empresa se pone en concurso y solicita liquidación anticipada, hay un comprador para algunos activos y paga un precio razonable, el juez puede efectuar la venta con seguridad para todas las partes”.
Fondos extranjeros en busca de gangas
En segundo lugar, estamos en un momento en el que están apareciendo algunas oportunidades provechosas de compra. “Dado que las empresas en liquidación no están teniendo salida y la situación está deteriorada”, afirma Álvarez Arjona, “el precio comienza a resultar interesante, por lo que están entrando fondos dedicados a compañías en situación de insolvencia. Hay mucho fondo internacional especializado y España se está convirtiendo en un buen mercado para ellos. Nos están mandando mensajes muy claros”.
Según Fernández, “desde hace seis o siete meses hay un montón de fondos extranjeros que están muy atentos a lo que pasa en nuestro país”. Una de las empresas por las que preguntan, es Marsans, “ya que ha funcionado bien hasta hace poco, lo que lleva a pensar a algunos inversores que si llegan con liquidez pueden reflotar la compañía con un coste bajo y hacerse así con un buen negocio”. Aunque el mejor ejemplo de estas operaciones de reestructuración ha sido, señala Álvarez Arjona, la compra por la sociedad de inversión Thesan, controlada por el fondo japonés Nomura, de Tiendas Aurgi.
Sin embargo, la verdadera oportunidad de negocio, asegura Álvarez Arjona, se encuentra, mucho más que en los fondos, en las empresas industriales. “Muchas de ellas se están dando cuenta de que les puede salir rentable adquirir activos de competidores que se han metido en problemas. Hay fábricas paradas, por ejemplo, que se pueden comprar a buen precio”. Y, reitera, los riesgos que se asumen en el marco concursal están ya muy medidos. “Las insolvencias han tenido mala imagen en España, pero ya no funcionamos con la antigua ley de suspensión de pagos ni con los antiguos jueces generalistas. Los problemas con los procedimientos concursales son una leyenda negra que está cambiando”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
